Por J.M. Pérez
La pedofilia consentida institucionalmente se ha convertido en práctica habitual en regiones gobernadas por la ultraizquierda. Comunidad Valenciana y Baleares son esas regiones. La primera, está regida por un ejecutivo de convergencia entre los socialistas de Chimo Puig y los ultraizquierdistas procatalanistas del partido llamado “Compromis”. El gobierno de Baleares, pilotado por el PSOE de Francina Armengol, está integrado por los podemitas y por un partido equivalente a Esquerra Republicana de Cataluña llamado “Mes”.
Ambas regiones han sido caldo de cultivo de la práctica pederasta amparada y ocultada por las instituciones del poder político. En Mallorca han aflorado estos días pasados los casos de 16 niñas pertenecientes a centros de menores tutelados por el gobierno socialpodemita balear, sometidas a explotación sexual en forma de abusos y violaciones. Al parecer estos casos serán sólo la punta del iceberg de otros tantos generados a lo largo de años; decenas o tal vez, centenares. Trabajadores de los centros de menores y personas ajenas habrían denunciado durante este tiempo casos continuados y habituales de explotación sexual contra niñas tuteladas por el gobierno balear a cambio de drogas,dinero o regalos. ¿Qué hizo el gobierno socialpodemita y separatista balear ante estos informes y denuncias? Silenciarlos, y no hacer nada. ¿Qué hizo cuando una exdiputada podemita, expulsada del partido precisamente por preguntona, se interesó por la situación de esos centros y propuso investigarlos en el Parlamento? Callar, y expulsar a la diputada podemita. Votaron en contra de esa propuesta PSOE y sorprendentemente el PP, además de los podemitas. Pasado el tiempo, vino una segunda propuesta al gobierno para investigar las irregularidades de los centros de tutela: esta vez por parte de Vox. ¿Qué hicieron PSOE, PP y podemitas de Baleares cuando los de Abascal pidieron auditar esos centros y depurar todas las responsabilidades que hubiere? Votar en contra de esa propuesta el pasado 12 de diciembre de 2019. Y 12 días después hubo una violación grupal a una niña tutelada de 14 años, que fue la que destapó el inmenso escándalo, ya en manos de la Fiscalía y la Policía. Han aflorado -de momento- 16 víctimas (15 niñas y un niño). Las menores estarían sujetas a abusos en algunos de los barrios más copados por inmigrantes de procedencia musulmana y otras etnias.
¿Por qué existió un consenso entre partidos del Parlamento mallorquín para ocultar estos delitos denunciados y vetar toda investigación policial y judicial? ¿Por qué, para excusarse de forma vil, el PSOE de Mallorca y los podemitas hablan de estos abusos como “prácticas habituales entre las menores tuteladas que se fugan”? ¿Por qué emplean esta ingente cantidad de estulticia canalla para disfrazar tan trágicos sucesos?
Esperemos que esto no sea el “Rotherham” español.
¿Por qué existió un consenso entre partidos del Parlamento mallorquín para ocultar estos delitos denunciados y vetar toda investigación policial y judicial? ¿Por qué, para excusarse de forma vil, el PSOE de Mallorca y los podemitas hablan de estos abusos como “prácticas habituales entre las menores tuteladas que se fugan”? ¿Por qué emplean esta ingente cantidad de estulticia canalla para disfrazar tan trágicos sucesos?
Esperemos que esto no sea el “Rotherham” español.
Rotherham es una ciudad inglesa, donde durante 16 años, entre 1997 y 2013, clanes paquistaníes abusaron de casi 2000 niñas. Las atraían con regalos y dinero, las drogaban y abusaban. Era un secreto a voces que taparon las autoridades políticas laboristas municipales así como la policía local en nombre de la “corrección política”. En 2010 se produjo la primera condena contra cinco paquistaníes por abusar de cuatro niñas. Luego vinieron más. Las últimas y sonadas fueron en 2017 y 2018 y acabaron en varios Tribunales con gritos de “Ala Akbar” –Ala es grande- por parte de los acusados y condenados, muchos de los cuales fueron deportados a Pakistán. Algo impensable que suceda en España, donde es sabido que no se deporta a ningún extranjero delincuente condenado. Otras ciudades inglesas como Oldham, Derby, Telford o Rochdale arrojaron similares redes de explotación sexual inmigrante mayoritariamente paquistaní contra niñas menores durante décadas –desde los años 70-, acalladas igualmente por la asquerosa progresía política en nombre del multiculturalismo. Miles y miles de inocencias fueron ultrajadas gracias a la cobardía, la inacción y el pensamiento progre.
¿Será Mallorca un lodazal de explotación sexual de menores protagonizado por la dejación irresponsable de esa izquierda totalitaria de moralina nauseabunda para la cual los menores sólo son bien tutelados por el Estado progre? ¿O habrá además un enquistado problema donde inmigración y etnias minoritarias están implicadas de lleno en severos delitos contra los más débiles mientras el establishment político bienpensante ha echado tierra encima para blindar el multiculturalismo fracasado en Europa?
Ya vimos como se la gasta la manipulación y el ocultamiento mediático de la izquierda en otro asunto de abuso de menores. Fue en Valencia. El exmarido de la vicepresidenta del gobierno valenciano Mónica Oltra, fue condenado el pasado mes de diciembre a cinco años de cárcel por abusos sexuales reiterados a una menor tutelada por el gobierno valenciano. Los hechos sucedieron en 2016 y 2017. El entonces marido de Mónica Oltra, socia del PSOE valenciano en el gobierno y líder del partido ultra Compromis, era cuidador en un centro de menores, enchufado por su entonces esposa la cual ocupaba – y ocupa- la Vicepresidencia del gobierno regional así como la consejería de igualdad desde la que gestiona los centros de menores dependientes de la generalidad valenciana. La menor no denunció al pedófilo porque fue presionada dado que el hombre que abusaba de ella era el esposo de una mujer “muy influyente de la política” valenciana. Un rosario de informes por parte del personal llegó a las altas instancias del departamento de Mónica Oltra. Y no se investigó, ni se denunció delito alguno ni actuó la Fiscalía de menores. ¿Qué presión mediática, qué linchamiento, qué reportaje de “La Sexta”, han visto ustedes al respecto de este caso aberrante por el cual habrían pedido la cabellera si el criminal hubiese sido un cura o un militante de la derecha política?
Asistimos a una doble vara de medir horrible. Asistimos a la agenda informativa de la mentira y la trampa. Asistimos en España a un doble puntal de corrupción de menores. El primero es el adoctrinamiento sexual en las aulas denunciado públicamente–ya era hora- gracias al “pin parental”. El segundo es el de los menores tutelados por la izquierda de la moralina supremacista.
La izquierda ha grabado a fuego la ruindad de su dogma según el cual es el Estado –de leyes ideológicas adoctrinadoras- el educador maximalista de la virtud. Y a la vista está el resultado de este modelo: pedofilia, violencia juvenil y tramas delictivas contra menores. Cualquier padre y madre, que por su negligencia o complicidad, provoca que su hijo termine con un pedófilo es condenado, y la patria potestad le es arrebatada si se demuestra una causalidad entre su irresponsabilidad o su intencionalidad y la agresión a la libertad y la indemnidad sexual del menor cometida por el criminal. Es lo razonable.
Pero, ¿y cuándo son políticos del Estado, o de las Comunidades Autónomas, los tutores de menores arrojados a la explotación sexual y el abuso, qué sucede? Lo que vemos: silenciamiento mediático, excusas absurdas y lo que es peor: una sordera social donde la protesta y la denuncia son proscritas en nombre del multiculturalismo y la corrección buenista.
¿Será Mallorca un lodazal de explotación sexual de menores protagonizado por la dejación irresponsable de esa izquierda totalitaria de moralina nauseabunda para la cual los menores sólo son bien tutelados por el Estado progre? ¿O habrá además un enquistado problema donde inmigración y etnias minoritarias están implicadas de lleno en severos delitos contra los más débiles mientras el establishment político bienpensante ha echado tierra encima para blindar el multiculturalismo fracasado en Europa?
Ya vimos como se la gasta la manipulación y el ocultamiento mediático de la izquierda en otro asunto de abuso de menores. Fue en Valencia. El exmarido de la vicepresidenta del gobierno valenciano Mónica Oltra, fue condenado el pasado mes de diciembre a cinco años de cárcel por abusos sexuales reiterados a una menor tutelada por el gobierno valenciano. Los hechos sucedieron en 2016 y 2017. El entonces marido de Mónica Oltra, socia del PSOE valenciano en el gobierno y líder del partido ultra Compromis, era cuidador en un centro de menores, enchufado por su entonces esposa la cual ocupaba – y ocupa- la Vicepresidencia del gobierno regional así como la consejería de igualdad desde la que gestiona los centros de menores dependientes de la generalidad valenciana. La menor no denunció al pedófilo porque fue presionada dado que el hombre que abusaba de ella era el esposo de una mujer “muy influyente de la política” valenciana. Un rosario de informes por parte del personal llegó a las altas instancias del departamento de Mónica Oltra. Y no se investigó, ni se denunció delito alguno ni actuó la Fiscalía de menores. ¿Qué presión mediática, qué linchamiento, qué reportaje de “La Sexta”, han visto ustedes al respecto de este caso aberrante por el cual habrían pedido la cabellera si el criminal hubiese sido un cura o un militante de la derecha política?
Asistimos a una doble vara de medir horrible. Asistimos a la agenda informativa de la mentira y la trampa. Asistimos en España a un doble puntal de corrupción de menores. El primero es el adoctrinamiento sexual en las aulas denunciado públicamente–ya era hora- gracias al “pin parental”. El segundo es el de los menores tutelados por la izquierda de la moralina supremacista.
La izquierda ha grabado a fuego la ruindad de su dogma según el cual es el Estado –de leyes ideológicas adoctrinadoras- el educador maximalista de la virtud. Y a la vista está el resultado de este modelo: pedofilia, violencia juvenil y tramas delictivas contra menores. Cualquier padre y madre, que por su negligencia o complicidad, provoca que su hijo termine con un pedófilo es condenado, y la patria potestad le es arrebatada si se demuestra una causalidad entre su irresponsabilidad o su intencionalidad y la agresión a la libertad y la indemnidad sexual del menor cometida por el criminal. Es lo razonable.
Pero, ¿y cuándo son políticos del Estado, o de las Comunidades Autónomas, los tutores de menores arrojados a la explotación sexual y el abuso, qué sucede? Lo que vemos: silenciamiento mediático, excusas absurdas y lo que es peor: una sordera social donde la protesta y la denuncia son proscritas en nombre del multiculturalismo y la corrección buenista.
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