Por José M.Pérez
El gobierno flower power de Pedro Sánchez y su aliados comunistas y separatistas quieren sacar la osamenta del General Francisco Franco del Valle de los Caídos, liquidando la esencia histórica del Monumento y convirtiéndolo en un “museo” o parque temático a la medida de las ensoñaciones y mitos del Frente Popular del que Sánchez y sus aliados se consideran legatarios y reeditores.
Semejante atentado al Patrimonio español, semejante vejación siniestra y sin parangón a la personalidad histórica de España, no se va a generar única y exclusivamente por la autoría malévola del piélago de fuerzas políticas rojas y separatistas que mueven hoy la maquinaria legislativa del Parlamento. Esta astracanada va a producirse muy especialmente gracias a la traición y la cobardía de la derecha política española, que desde 1975 a esta parte es cómplice y posibilitadora del acto criminal de las izquierdas.
La pompa de la impunidad para el matonismo político con que ejerce su arrogancia la izquierda para destrozar nuestro Patrimonio, descabalgar nuestra historia de sus símbolos, y profanar nuestros templos es el resultado de una derecha posfranquista que renunció a ejercer de contrapoder contra la coacción amenazante de las izquierdas para entregarles cerrilmente la hegemonía moral e ideológica a través de una fraudulenta ley “para la reforma política” que resultó ser en realidad para la ruptura y también para el encumbramiento del revanchismo frentepopulista. La derecha, pastoreada por Suarez, suicidó al régimen franquista en 1977, y, ya gobernando en forma de UCD, desató en toda España la primera gran oleada de retirada de calles, monumentos, simbolos y homenajes a Franco y al régimen anterior. Fue esa misma derecha la que legalizó al Partido Comunista, la que decretó la Amnistía para etarras y comunistas, y la que prohibió la exhibición de la bandera roja y gualda en actos públicos políticos. A ella le debemos también la retirada, de nuestra enseña nacional, del escudo del Águila de San Juan y su sustitución por el actual escudo, el borbónico-constitucional desde 1981. Los sucesores de la derecha de UCD, ya recalados en el PP de Aznar como partido heredero de Alianza Popular, agrupación fundada por siete exministros franquistas, tomaron el gobierno de España en 1996. Aznar otorgó ayudas a los “exiliados” rojos de la guerra, restituyó “patrimonio confiscado” a UGT y PSOE por los “franquistas”, prometió abrir las fosas de “represaliados” y condenó en noviembre de 2002 la dictadura de Franco y el Alzamiento del 18 de julio en el Parlamento. Regresada al gobierno la derecha en diciembre de 2011, tras el funesto período de leyes masónicas y guerracivilistas de Zapatero, el gobierno de Rajoy, con su mayoría absoluta, no sólo no derogó la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, sino que la mantuvo, la subvencionó, y permitió que todos los ayuntamientos de España hicieran la nueva oleada de retirada de calles, simbolos y monumentos al calor de una ley puramente revanchista que se negó a derogar. Fue también el PP, en este caso Ana Botella, la que siendo Alcaldesa de Madrid, consintió que el genocida Carrillo pudiese tener una calle y homenajes varios en la ciudad de Madrid. Fue el PP el que se abstuvo, cobarde y miserablemente, en la votación parlamentaria de mayo de 2017 donde todas las fuerzas del Congreso español decidieron exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.
En definitiva: ha sido la derecha española del aburguesamiento liberal y la poltrona la principal culpable política histórica del engreimiento, altanería y evalentonamiento con que la izquierda española hoy procede a borrar la historia de España, sembrar la división nacional, destrozar el Patrimonio señero de nuestra Historia y liquidar el descanso y merecimiento de dignidad de nuestros héroes y luchadores en su lecho de muerte. Esta vez, la exhumación del cadáver del General Franco, varada en el Parlamento desde 2011 cuando Zapatero se vio obstaculizado para su realización, podrá culminarse por la traición histórica de la derecha y por el asentimiento vil y rastrero de la autoridad eclesiástica, sin la cual sería imposible legalmente que el Estado pudiese exhumar los restos del Caudillo al yacer en un templo religioso reconocido y protegido como cementerio eclesial por el Acuerdo Estatal con la Santa Sede. El Arzobispo de Madrid y Cardenal Osoro, famoso por perdonar con premura a la “asalta capillas” podemita Rita Maestre y por definir a la Virgen María como una “feminista que habría ido encantada a la marcha del 8 de marzo”, ya ha declarado su voluntad de colaborar en la exhumación de los restos el Generalísimo porque el Valle debe ser lugar de oración y no de actos políticos. Así pues, la Iglesia católica acepta complaciente liquidar de un plumazo el significado, metafísica y sentido histórico de uno de los Monumentos religiosos, fúnebres e históricos, más visitados de España y Europa dando su favor a la conversión del Valle en el circo museístico de apología del Frente Popular y entronamiento de la mentira y el revanchismo.
La derecha política y la Iglesia, a las que Franco salvó de ser arrasadas con su victoria militar de 1939, nada les importa ahora que la izquierda se jacte burlescamente de haber ganado una batalla ruin y sucia: la del odio mancillador del descanso y la dignidad de los héroes caídos. La villanía legislativa en ciernes será sancionada y promulgada por la realeza borbónica, reinstaurada en el Trono por Franco en 1969, que si en noviembre de 1975, muerto el General, decretó su entierro en el Valle, hoy en 2018 dispondrá sacarlo.
Una nueva página negra de la felonía y la traición con que se formó el ADN de esta democracia y su realeza podrida se escribe ante nuestros ojos.
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