El Gobierno ha regularizado por decreto a más de 500.000 inmigrantes irregulares. Así, sin debate ni consulta parlamentaria.

Y lo ha hecho en un tiempo en el que España atraviesa uno de esos momentos en que la realidad se vuelve incómoda y urgente. La regularización masiva decretada por Sánchez no es un acto de generosidad, sino una decisión que acelera la desnaturalización de nuestra identidad nacional y cobra factura diaria a los españoles. Junto al efecto llamada que multiplica las pateras en nuestras costas, sufrimos daños concretos e incuestionables: hospitales colapsados, colegios masificados, alquileres y vivienda por las nubes, jóvenes sin horizonte, barrios donde nos sentimos minoría en nuestra propia tierra y la dolorosa sensación de que la España que conocimos se desvanece ante nuestros ojos.

La izquierda buenista, la podemita y sociata, con el perro Sánchez al frente, presenta la invasión como gesto de justicia humanitaria con el argumento clasista por antonomasia de que “ellos hacen los trabajos que nadie quiere y sostienen nuestras pensiones”. Hermosa mentira envenenada que maquilla un pucherazo demográfico a plena luz del día y que permite a Sánchez seguir ejerciendo de siervo leal de las élites globalistas, esas que nos exprimen a impuestos mientras desmantelan la identidad europea.

Las clases medias y altas soportamos una fiscalidad asfixiante que nos impide ahorrar, emprender o formar familias. Mientras tanto, el paro crece, los salarios caen y nuestros recursos se destinan a mantener una regularización descontrolada, un coladero de todo tipo de gente que viene aquí a delinquir y a vivir del cuento. Se regulariza incluso a delincuentes desde prisión a través de chiringuitos facilitadores, al mismo tiempo que cada día hay agresiones en las calles con machetes, patadas, robos con fuerza y mataleones de los que se libran impunemente por nuestro Código Penal blando y permisivo.

Y lo peor de todo es la impotencia de ver cómo el propio sistema, en lugar de protegernos, fomenta una sustitución poblacional acelerada y violenta. Se altera la demografía para construir una España dócil, asustada y avergonzada, pues cuando alguien osa increpar al sentido común es inmediatamente tachado de racista, fascista y xenófobo, se le cancela y además se le imputa ese delito cajón de sastre ideológico que es el delito de odio.

Por si fuera poco, la Iglesia comete un grave error moral al abrazar una “cultura del encuentro” sin límites, olvidando que su propia doctrina reconoce el derecho de las naciones a defender sus fronteras y el bien común de sus ciudadanos. Pedir que los españoles nos sacrifiquemos hasta desaparecer no es caridad, es imprudencia suicida. La verdadera caridad comienza por los tuyos.

Últimamente escuchamos a la izquierda santurrona escandalizarse porque Vox ha exigido, para pactar con el PP en Extremadura y Aragón, algo tan elemental como la prioridad nacional, o lo que es lo mismo, dar preferencia en vivienda protegida, alquiler social y ayudas para quienes tienen arraigo real en España. Nada que vulnere la igualdad ni la Constitución que su Sanchidad viola a diario según le conviene y según sus necesidades personales y globalistas.

A ver si de una vez nos caemos del guindo y advertimos que la Constitución ya no nos protege y la legalidad no nos va a salvar. Priorizar a los españoles no es racismo, es el sentido común que nos está pidiendo a gritos salvar a España. España primero.

La Prioridad Nacional, o lo que es lo mismo, Españoles Primero, no es un eslogan hueco, sino una política clara, realista y de puro sentido común. Puede aplicarse de inmediato destinando nuestros impuestos a estas medidas firmes y concretas:

• Control férreo de las fronteras, fin definitivo al efecto llamada.
• Inmigración exclusivamente regular, selectiva y exigente: solo quien demuestre voluntad de trabajar, aprender nuestra lengua y respetar nuestras leyes y costumbres.
• Ayudas públicas siempre con contraprestación: quien reciba del Estado deberá devolverlo trabajando —limpiando bosques, playas, calles o apoyando en hospitales y residencias—, salvo para nuestros ancianos que cotizaron toda la vida y para quienes realmente no puedan trabajar por enfermedad grave.
• Deportaciones inmediatas de delincuentes, de quienes rechacen integrarse y de quienes solo vienen a vivir de subvenciones.

Prioridad nacional clara y sin complejos como columna vertebral de una política creadora y orgullosa, que proclame que los españoles están primero en vivienda, ayudas y servicios públicos.

España ya no necesita más buenismo ni cándidos discursos que nos debilitan. Necesita fronteras seguras, prioridad nacional y un pueblo que recupere el orgullo de sí mismo.

Regularizar en masa por decreto no es progreso. Es decadencia y traición a los españoles. La legalidad ya no nos protege porque quienes mandan la rompen a su antojo.

Yo elijo una España fuerte, con identidad y con futuro. Una España que no se arrodille ni se disculpe por existir. Españoles primero. Y punto.